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Sur Moi

Chica, nacida en el 83, de España: intenta cambiar el mundo. Se puede, siglos de historia dan fe de ello. Querer o no querer, esa es la cuestión. Seremos muy pocos al principio, pero los más largos caminos, las revoluciones más profundas y duraderas, han empezado así. Nos toca la parte sucia, pero allá vamos.

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  1. ¿Por qué R01010010? Solo se me ocurre 82 en binario, pero naciste en el 83…

    Keep in touch.

  2. es la R en binario, la R por Rimbaud, el poeta francés

  3. R de “rabuda”

  4. querer y creer

  5. Pon una foto.

  6. Nos toca la parte sucia pero vamos a limpiar muy bien.

  7. Estimada amiga,

    Como no aparece tu correo, te escribo desde aquí para decirte que he puesto un enlace a tu página Esto no puede seguir así en mi web El Socialista http://www.elsocialista.com

    Si tuvierais alguna observación que hacerme, será bienvenida.

    Salud

    Alfredo Hermida

  8. Tengo ideas sobre qué cambio debemos provocar, quizá te interesen:

    TRANSICIÓN
    La implantación de un sistema de democracia directa en un país gobernado por un régimen democrático representativo requeriría de un período de reformas por etapas. Si bien la Transición Española (1975-1978) de un régimen dictatorial a uno democrático se realizó en algo más de tres años, las similitudes entre un régimen democrático representativo y un régimen democrático directo requerirían un período de tiempo más corto para completar su transición y cambios menos sustanciales.

    1ª Etapa: Preconstitucional
    Marca el inicio de la transición con la habilitación de una Red Social (un sitio web que nacería del nuevo pacto ciudadano) para que los ciudadanos voten.
    Otra opción a valorar sería la de un trasvase progresivo de poder de los gobernantes a los ciudadanos, una etapa intermedia de democracia deliberativa o semi-directa, como la existente en Suiza, en la que los gobernantes se dedicaran a asegurar la correcta transición de un sistema a otro. Esta etapa aparecería marcada por la creación de herramientas garantes de un sistema más democrático, como el establecimiento del referéndum como medio de control de la acción del gobierno por parte de la oposición (los resultados de los referéndums convocados por la oposición necesitarían alcanzar mayoría absoluta para ser vinculantes, de otro modo serían preceptivos pero no vinculantes). La labor de los gobernantes, al actuar como garantes de la transición, significaría la transformación del sistema actual para que su concordancia con el sistema de democracia directa fuera completa, preparando la supresión de todo aquello que resulte innecesario para el nuevo sistema y facilitando la creación de lo que éste último necesite. En este aspecto los representantes cumplirían un papel parecido al de las Cortes franquistas durante la Transición, llevando a cabo su propia supresión.

    2ª Etapa: Constitucional (Elaboración)
    Este modelo nacería con la elaboración de una Constitución ciudadana pura, esencial y flexible (muy parecida en su brevedad a la Constitución de los EEUU), en la que se recogieran únicamente los principios, derechos y normas fundamentales para el Estado. Estos principios, derechos y normas serían propuestos, elaborados, sometidos a reescritura y refrendados por los ciudadanos en votaciones artículo por artículo y el conjunto del texto sería sometido también a un referéndum final. El mecanismo para llevar a cabo todas las propuestas, redacciones y votaciones sería el de la red social que permitiría a todos los ciudadanos ejercer el derecho a hacer oír su voz en el sufragio. Completado este proceso se iniciará el de elaboración, mejora y aprobación del resto de normas del Ordenamiento Jurídico una por una (las actuales seguirían vigentes hasta que las nuevas leyes las anulasen, de acuerdo con el principio de lex posterior: jerarquía, la ley posterior en el tiempo deroga, tácita o expresamente, a la ley anterior del mismo rango), sometiendo a votación todas aquellas que atañen a la ciudadanía en términos de interés legítimo, así como decisiones políticas y cuestiones de Estado que afecten a los ciudadanos de forma directa: decisiones como declarar o participar en una guerra o no, destinar parte del dinero recaudado con los impuestos a la consecución de un objetivo u otro… los ciudadanos no tendrían voto en cuestiones de regulación interna y gestión de la Administración de sus propios recursos, pero sí tendrían voz y sus propuestas contribuirán a la elaboración de las disposiciones generales de la Administración. Ésta tendrá potestades regladas y discrecionales precisadas por la voluntad popular.

    La repercusión de esta democracia colaborativa sería mayor y más efectiva que la obtenida con las políticas de Open Government iniciadas por el gobierno de Barack Obama en EEUU (que reforzaron el carácter de las administraciones como ejecutoras de la voluntad popular. El nuevo sistema suprimiría la clase política, sustituyéndola por funcionarios que trabajarían en labores técnicas y de gestión, llevando a cabo la voluntad ciudadana), provocando cambios en todas las estructuras del sistema que serán sometidas a perfeccionamiento y votación en dicha red social oficial del Estado. Los ciudadanos se involucrarían social y políticamente con mayor intensidad, votando y siendo votadas sus propuestas y sometidas a debate; ostentarían el poder para decidir y éste se manifestaría puntualmente. Así, el sistema de representación queda obsoleto y
    superado por la sociedad.

    3ª Etapa: Institucional
    Como consecuencia de la nueva Constitución se redibujaría el sistema anterior para adaptarlo a las necesidades del emergente; es una actualización que suprimiría y transformaría. La Administración garantizaría el correcto funcionamiento, transparencia y seguridad de la red social creada para que los ciudadanos ejerzan su derecho de sufragio. Se crearían los órganos necesarios para que el sistema pudiera mantenerse y desarrollarse correctamente.

    DEMOCRACIA REFORZADA: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
    Ciudadanía: voz y voto
    En la Historia de la Democracia Moderna se ha identificado la opinión del ciudadano con su voto, de ahí el auge del sistema representativo; los representantes aparecen como solución a la falta de medios para que todos los ciudadanos expresen sus opiniones y sean escuchados para concretar planes de gestión. Estos representantes son ciudadanos que se ofrecen como parte pasiva del sufragio con una ideología y un punto de vista que sirve al ciudadano para identificarse más o menos y decantarse a la hora de votar.

    Hoy, Internet ofrece al ciudadano el medio para manifestar su punto de vista y argumentarlo, introduciendo su voz en la ecuación política. La ciudadanía, reflexionando y compartiendo ideas, llegaría a respuestas más eficientes que silenciada y subsumida conforme a opciones políticas-tipo.
    Para participar activamente en el avance y perfeccionamiento del sistema se implementaría el voto en la red social como la opción concreta que el ciudadano elige y, junto a ésta, aparecería un espacio donde poder ejercer el derecho a voz, argumentando la opción elegida y transformando al voto en la explicación exacta, ampliada y personal del punto de vista del ciudadano y siendo ejercido también al proponer, debatir y mejorar cualquier propuesta que se plantee. La voz queda definida como el derecho a la libertad de expresión aplicado al proceso electoral, da la posibilidad de evolucionar constantemente sin atarse a cuestiones aparte de las que se planteen en ese momento; su dinamismo y pragmatismo le confieren una utilidad que deja obsoleto el modelo de “paquete ideológico” del sistema de partidos, convirtiéndose en la esencia de la legitimidad del Ordenamiento Jurídico.
    El ciudadano se convierte en sujeto activo y pasivo del sufragio al mismo tiempo como resultado de poder manifestar su propio punto de vista sobre cualquier cuestión y éste ser considerado y sometido al juicio del resto de ciudadanos. Este hecho terminaría con la necesidad de acogerse a posturas que denotan rigidez ideológica; que la ciudadanía pueda expresar así su voluntad resuelve la necesidad de intermediarios (representantes políticos), está facultada para expresarla directamente de forma más sencilla y eficiente.
    La División de Poderes quedaría configurada de esta forma:
    El Poder Legislativo sería ejercido directamente por los ciudadanos. La ciudadanía ostentaría la soberanía y la ejercería como legisladora primaria y original.
    El Poder Ejecutivo sería ejercido por una Administración limitada a llevar a cabo la voluntad ciudadana expresada mediante sufragios. Su carácter sería puramente ejecutivo, quedaría “decapitada” de altos cargos e integrada por un funcionariado de carácter instrumental formado por empleados limitados a cumplir los resultados de las votaciones ciudadanas y por técnicos de reconocida experiencia para desarrollar las potestades administrativas de discrecionalidad técnica.
    El Poder Judicial dependería de elecciones populares, no existiría designación de magistrados por el Ejecutivo.

    LA RED SOCIAL
    La Administración se ocuparía del funcionamiento de la red social, designando a los técnicos más cualificados mediante concurso-oposición (valoración de méritos, experiencia profesional en el sector privado…), que garanticen su correcto funcionamiento y su seguridad, elevando ésta al máximo. La Administración se encargaría de la elaboración y correcciones del censo electoral, una gran base de datos integrada por los censos electorales locales (o por los ciudadanos registrados en la red social), recopilados y publicados para que los ciudadanos puedan verificar las votaciones cuando quieran.
    El ciudadano se registraría en la red social introduciendo los datos contenidos en su D.N.I. (en su primer acceso introducirán los datos que aparecen en la parte frontal y también el código de letras y números que aparece en el dorso, asignándose un código PIN o contraseña compuesta por cifras y letras. Podrían utilizarse métodos como el D.N.I. electrónico en su lugar). Así podría acceder a su perfil, disponer de él y participar en la actividad política de forma activa y pasiva mediante votos, propuestas, ser parte en foros de debate y asamblea, etc. Para garantizar la seguridad y la identidad de cada ciudadano, evitando suplantaciones y votaciones alteradas o manipuladas, se enviaría un e-mail a la semana de cada votación recordando la opción votada y ofreciendo un mecanismo mediante el cual poder “denunciar” el voto propio en caso de suplantación o incongruencia. El ciudadano que pierda su D.N.I. o tenga problemas con su código PIN avisaría a la propia red social para que anule temporalmente cualquier votación que pueda hacerse a través de su perfil hasta que la situación se resuelva.

    La máxima garantía de seguridad del sistema contra posibles ataques de hackers o la manipulación de votos: que el sufragio universal sea público en lugar de secreto. Con la caída de los representantes políticos y el derecho a voz permitiendo motivar el voto a cada ciudadano, el sufragio secreto carece de sentido, comparado con un sistema de sufragio público o semi-público (en lugar de publicar el nombre del ciudadano y la opción y motivos de su voto podría publicarse, junto a la opción votada y su motivación, únicamente su N.I.F. o código distinto sólo reconocible por el ciudadano). Es la consecuencia lógica de aplicar el derecho a la libertad de expresión al sufragio; el ciudadano se identificaría plenamente con su voto. Supondría la total transparencia del proceso y aumentaría la confianza de los ciudadanos en el voto electrónico, pudiendo verificar por sí mismos los resultados y comprobarlos en cualquier momento. Aquellos que detecten alguna incongruencia podrían denunciarla e impugnar la votación, elevando el asunto a la administración de la red social, que abriría una investigación a partir de los datos enviados por quienes la detecten.
    Una forma de garantizar un sufragio público sin consecuencias personales o laborales nocivas sería sancionar la discriminación por razón de ideología en la contratación: el empresario no podrá ser parcial en su método de contratación ni basar su elección en criterios arbitrarios. Los criterios de contratación responderán a circunstancias profesionales y no a circunstancias personales. Los criterios objetivos de eficiencia, mérito y capacidad respaldados por el currículum del trabajador serán la base del método de contratación sin que quepa apreciación de indicios de discriminación por motivos de raza, condición sexual, creencia religiosa o ideología y, por tanto, que los votos y motivaciones públicos de los ciudadanos no traigan consecuencias discriminantes que puedan coartar su libertad ideológica ni condicionar su voto.

    Otras formas de garantizar la seguridad sería recurrir a verificadores de voto: voluntarios cuyo objetivo es ir al domicilio de cada ciudadano para verificar que el voto del ciudadano ha sido recogido correctamente por la base de datos, que fue el propio ciudadano quien emitió su voto (siendo éste capaz de votar independientemente), ver si el ciudadano comprende cómo funciona el sistema y cómo puede utilizarlo (resolviendo cualquier duda que pueda tener), preguntar si el ciudadano está contento con el nuevo sistema, recoger sugerencias o críticas para poder mejorar el sistema. Los verificadores de voto están basados en el método que se utiliza hoy en día en América cuando el país promueve realizar consensos o encuestas para determinadas materias.
    Los ciudadanos votantes podrían ir a edificios públicos para hacer por sí mismos todo lo anterior, ahorrando la visita del verificador de voto correspondiente.
    Si el método de sufragio público no es adoptado desde el funcionamiento de la red social, los verificadores de voto son una buena opción para reforzar la seguridad junto con métodos de voto electrónico por papeleta verificable por el propio ciudadano (ejemplos de estos nuevos votos y su seguridad han sido demostrados en conferencias TED), pudiendo ser reemplazados cuando se adopte el sufragio público por e-mails de verificación que señalen al ciudadano la opción que votó y permitiéndole impugnarla.

    El ciudadano redactaría una propuesta y la publicaría en la red social; el resto de la ciudadanía podría comentarla. Para que las propuestas se conviertan en asuntos objeto de votación mensual serían elegidas según el respaldo que tengan: el ciudadano podría elegir, de entre todas las propuestas para someter a votación, cinco locales, cinco autonómicas y cinco estatales distintas cada mes para darles su ‘apoyo’: sería como darle un ‘me gusta’ en Facebook, las propuestas que llegaran al número determinado de ‘apoyos’ (necesitarían llegar a ese número para poder convertirse en asuntos objeto de votación, preservando así un orden que se perdería entre miles de propuestas y opiniones de ciudadanos. De esta forma es más fácil utilizar la red social tanto para los ciudadanos como para los técnicos de la Administración encargados del correcto funcionamiento de ésta, nadie se sentiría abrumado) encabezarían la lista de “propuestas más apoyadas”, pasando a ser asuntos y siendo éstos sometidos a votación el día correspondiente.
    Los ciudadanos pueden dar su apoyo también a los comentarios que hacen en cada propuesta, ordenados de forma que los comentarios que contaran con más apoyos aparecieran primero. Cuando un ciudadano propone un cambio parcial a una propuesta en los comentarios de la misma y este comentario llega a un número concreto de apoyos, los cambios serían introducidos reemplazando aquello que se pretendía cambiar y la propuesta “enmendada” pasaría a ser asunto para votación de esa forma. Los ciudadanos sólo dispondrían de un apoyo que darían o bien a la propuesta original o bien al comentario que quiera enmendarla, nunca a ambos y tampoco a dos comentarios al mismo tiempo. Mientras todo esto ocurre, el autor de la propuesta y quien comentó sugiriendo cambios debatirían en un hilo de foro adherido a la propuesta sobre sus posturas respecto a ese tema y el resto de ciudadanos verían ambas opiniones confrontadas y razonadas y podrían opinar en el mismo también, sacando conclusiones que podrían llevarles a retirar su apoyo de una de las dos opciones para dárselo a la otra.
    El ciudadano no se ganaría un reconocimiento con sus comentarios más allá de los mismos ni de las materias o casos concretos, no habría opción a tener una reputación o una experiencia que diera más peso a sus opiniones por haber acertado o ayudado en temas distintos o anteriores. Los ciudadanos valorarían libremente y caso por caso los comentarios de cada uno; la pericia y la experiencia en cada tema serían demostradas en cada comentario al respecto, no se podrían suponer.
    El ciudadano que estuviera o no de acuerdo con una propuesta o sus comentarios, podría darle su apoyo de todas formas para poder expresarse votando a favor o en contra cuando llegue al número de apoyos necesarios para convertirse en asunto para votación.

    Cuando una propuesta haya sido debatida, reescrita y perfeccionada por los ciudadanos y tenga toda la información sobre el tema que trata adjunta a ella para que el votante pueda informarse perfectamente, desaparecería como propuesta una vez llegara a tener el número de apoyos necesarios y se convertiría en asunto para votación. Los asuntos no tienen opción de apoyo ni de comentarios, serían sometidos a votación como tales (y en los votos cada ciudadano podrá argumentar su opinión sobre el asunto).
    Los asuntos desaparecerían una vez votados, aunque podría crearse otra propuesta sobre ese tema partiendo desde cero apoyos si alguien descontento con la solución dada planteara una reforma. En la reforma habría que indicarse razones por las que es necesaria la reforma, es una gran forma de rectificación social; los ciudadanos creyeron que una decisión que votaron les reportaría cosa distinta de lo que ha ocurrido, los efectos de la medida votada han sido negativos o han surgido efectos imprevistos que hacen necesario el cambio.
    Las propuestas que consiguieran el determinado número de apoyos pero no entraran en la lista de votación de ese mes (los cinco asuntos ya habrían sido ocupados por otras propuestas que consiguieron los apoyos suficientes antes) serían incluidas en la lista de votación del mes siguiente.

    Las votaciones serían mensuales, decidiendo sobre un máximo de cinco asuntos locales distintos cada uno y de votación y motivación separadas (cada asunto), de especial relevancia para la ciudadanía, siendo el día de la votación el 26 del mes siguiente; otros cinco asuntos de ámbito estatal votándose éstos el día 27 del mes siguiente y otros cinco de ámbito global, votándose el día 28 del mes siguiente. Empezaría a contarse una vez la lista se cerrara (cuando una propuesta se convierta en el quinto asunto), notificándose entonces la lista de votación a los ciudadanos. De esta forma, los ciudadanos tienen un mínimo de cuatro semanas para prepararse a la hora de votar (informarse, debatir, exponer sus opiniones…). Podría implementarse al principio la red social en un solo país o en varios, cambiando los asuntos por local, autonómico y estatal o local, estatal e internacional (o comunitario).
    Junto a estas votaciones se producirán, de forma extraordinaria, otras sobre cuestiones de gran importancia para los ciudadanos que hubieran acaecido súbitamente y necesitaran una respuesta rápida: conflictos, guerras, catástrofes, etc. Estas votaciones ocurrirían un día después de aquel en el que la propuesta para solucionar el problema alcanzara un determinado número de apoyos.
    Esta nueva forma de votación no significa la eliminación de las urnas, que quedarán abiertas también cada mes en varios edificios públicos para aquellos que quieran ejercer su voto de esa forma.

    Para aquellos ciudadanos que no dispongan de ordenador utilizarían aquellos que los edificios públicos destinan a uso público y/o se habilitarían, en esos edificios públicos, plataformas destinadas únicamente al acceso a la red social (funcionarían de forma parecida a los cajeros automáticos: el ciudadano introduciría su D.N.I. y teclearía su código PIN y así accedería a su perfil, realizando las consultas, gestiones, proposiciones, comentarios y votaciones que desee). Se garantiza la seguridad de las máquinas públicas equipándolas con una cámara que fotografiará al ciudadano al introducir su D.N.I. y al extraerlo para evitar suplantaciones (estas fotografías sólo serán utilizadas por la Administración en casos de suplantación alegada por el ciudadano suplantado, habiendo informado de ello a la Administración e iniciado ésta el procedimiento de verificación correspondiente). Estas plataformas podrían situarse por fuera de los edificios públicos para evitar afluencias masivas en el interior de éstos, quedando disponibles las veinticuatro horas. Dentro de los edificios se habilitarían salas para informar y formar a los ciudadanos sobre el sistema y sus procesos.
    Se pretende una reforma educativa que introduzca en todos los cursos de educación obligatoria una asignatura que enseñe a los alumnos los derechos, deberes y libertades del ciudadano, así como normas más importantes del Ordenamiento para comprender el funcionamiento del nuevo sistema y aprender a utilizarlo desde el principio.

    Las etiquetas servirían para que el ciudadano pudiera encontrar propuestas o asuntos por el motor de búsqueda y evitarían duplicados, advirtiendo al ciudadano cuando redacta una propuesta de las existentes que versan sobre el mismo tema.

    VENTAJAS del sistema: el ciudadano decide directamente y la Administración ejecuta lo votado, la División de Poderes queda garantizada y la sociedad da respuesta de forma más efectiva a los problemas, sin intereses ajenos. La clase política quedaría remplazada por funcionarios que se limitarían a ejecutar los resultados de las votaciones. La Administración sería depurada y reestructurada; se suprimiría un gran número de cargos, despojándola de su sobredimensionamiento. El ahorro que supondría esto sería suficiente para habilitar la red social y asegurar su mantenimiento y el correcto funcionamiento del sistema, entre otras cosas. El ciudadano se encuentra en una posición más equilibrada frente a la Administración que en el sistema actual. Supondría un cambio en el proceso administrativo común, aportando agilidad y transparencia a éste y a las votaciones. La Democracia sería reforzada mediante técnicas que permiten acercar los Principios Generales del Derecho a los ideales que los definen; una aproximación más certera que la realizada por las leyes hoy vigentes.

    Los DEFECTOS o INCONVENTIENTES de este sistema serán señalados y solucionados por los ciudadanos que quieran hacerlo, mediante propuestas que perfeccionen el contenido de este escrito y mejoren el sistema expuesto.

    El sistema democrático actual: lagunas y deterioro

    El Constitucionalismo español ha producido, entre normas supremas y proyectos de éstas que no llegaron a ver la luz, más de diez cartas magnas en menos de doscientos años. La última de ellas, la Constitución de 1978, cuenta con un rígido mecanismo de reforma que parece revestirla de un aura de norma definitiva, la más evolucionada posible; una norma que invita a su abolición antes que a su reforma al revelarse incapaz de responder a las necesidades de la sociedad actual.

    La idea de referéndum generacional surge porque la Constitución de 1978 no está legitimada por la mayoría de la ciudadanía de la España actual. Los ciudadanos españoles con derecho a voto a día de hoy que votaron (a favor o en contra, o nulo o en blanco, o se abstuvieron pudiendo haber votado) en el referéndum que aprobó la Constitución del 78 son minoría en comparación con los ciudadanos con derecho a voto a día de hoy que no poseían este derecho entonces y que por ello no pudieron votar. Es necesario someter a referéndum la norma suprema del sistema cada vez que esta situación se produzca (cada 25-30 años) para evitar que los ciudadanos se encuentren con la inconstitucionalidad de heredar un sistema impuesto tácitamente. Es contrario a los principios del propio sistema, que será cambiado por una nueva propuesta sometida a sufragio una semana después del referéndum cuyos resultados fueren negativos para la continuidad de la norma suprema imperante, cumpliendo así de forma más precisa con la voluntad popular. Esta posibilidad rápida de cambio es pretendida al comprender que siempre habrá un sistema siguiente, más evolucionado y mejorado que el actual, que evitará ser cerrado para facilitar una transición con el mínimo impacto (traducido en problemas sociales que emergerían en una transición) posible.

    Las constituciones son interpretaciones de los pilares básicos que mueven a un grupo de personas (Principios Generales del Derecho y Derechos Fundamentales en nuestro caso) realizadas por ese grupo de personas en un lugar y momento determinados. Las constituciones cambian, de un lugar a otro (de un país a otro) y de un tiempo a otro; de unas generaciones a las siguientes. Ahora es posible realizar una interpretación de nuestros pilares básicos más cercana a estos ideales, más perfecta que antes. El error forma parte del propio proceso.
    Cuando la Administración se ampara en la concepción negativa del principio de legalidad, haciendo pasar por interés público todo aquello que la beneficia a ella en primer lugar (o intereses de partido), demuestra el fracaso de todo lo creado para limitar sus potestades. Se está produciendo una transferencia en los roles desempeñados: hasta ahora el ciudadano podía hacer todo lo que la ley no le prohibía y la Administración sólo podía hacer aquello que la ley preveía o habilitaba expresamente; ahora el principio de legalidad es entendido de forma que el ciudadano tiene que someterse a cauces procedimentales y formalismos concretos y la Administración cuenta con más discreción para ejercer sus potestades.

    • @José Luis
      Teniendo en cuenta que todo sistema centralizado es altamente vulnerable:
      Quien controla a los controladores y cómo?

  9. me ha encantado tu avatar y volver a leer el nombre de Rimbaud… cuánto tiempo…

  10. Dónde esta el artículo sobre Cataluña?

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